Silvio Rotman: «La baja de imputabilidad es nefasto»
Silvio Rotman en FM Ciudad: «Bajar la edad de imputabilidad es un retroceso político-jurídico de 200 años»
En una entrevista exclusiva para el programa Punto de Aparte en FM Ciudad, el magíster Silvio Rotman, director de Educación en Contexto de Encierro de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA), brindó un análisis crítico y exhaustivo sobre la reciente promulgación de la ley del régimen penal juvenil en Argentina. Con más de quince años de trayectoria en la investigación de jóvenes en conflicto con la ley penal en Santa Cruz, Rotman calificó la medida como «nefasta» y denunció que se trata de una respuesta punitivista ante el fracaso de las instituciones básicas de socialización, como la familia, la escuela y el mercado laboral. La charla abordó el impacto real de estas políticas en la provincia y la estigmatización histórica de la juventud.
Durante la entrevista en FM Ciudad, Rotman desmontó los argumentos que sostienen la necesidad de bajar la edad de imputabilidad a los 14 años, basándose en estadísticas oficiales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y UNICEF. El especialista señaló que el Estado está optando por soluciones represivas mientras se retira de áreas fundamentales como el financiamiento universitario y la infraestructura escolar. En este contexto, el debate sobre el régimen penal juvenil se vuelve central para entender hacia dónde se dirige la política pública en materia de seguridad y derechos humanos en la Patagonia y en el resto del país.
Tabla de contenidos
- Contexto histórico y la estigmatización del joven
- Las estadísticas: El mito del joven delincuente
- El retiro del Estado y la falta de políticas públicas
- La realidad local: Santa Cruz y sus dispositivos juveniles
- Convención de los Derechos del Niño y legalidad
- Preguntas frecuentes sobre el nuevo régimen
Contexto histórico y la estigmatización del joven
Rotman inició su intervención en FM Ciudad trazando un paralelismo histórico que se remonta a 1919 con la Ley Agote. Según el investigador, Argentina fue pionera en regular el conflicto de los jóvenes con la ley, pero siempre bajo un enfoque que buscaba «meter el problema debajo de la alfombra». Desde los «pilluelos» de principios del siglo XX, pasando por los «pibes chorros» de los 90, hasta llegar a los «dealers» de la actualidad, la sociedad y el poder político han buscado un chivo expiatorio en la juventud para no abordar las causas estructurales de la criminalidad.
Para el director de la UNPA, el término «reinserción» es conceptualmente erróneo. Citando a Michel Foucault, recordó que la cárcel es una institución social que está dentro de la comunidad, no fuera de ella. Por lo tanto, el problema no es reinsertar a alguien que supuestamente estaba fuera, sino analizar por qué las instituciones primarias (familia, escuela, trabajo) fallaron en su proceso de socialización inicial. La nueva ley, al obligar a las familias a hacerse cargo de resarcimientos económicos o comunitarios, ignora que muchos de estos jóvenes provienen de entornos ya disgregados o violentos.
Las estadísticas: El mito del joven delincuente
Uno de los puntos más sólidos del análisis en FM Ciudad fue la presentación de datos duros que contradicen la sensación de inseguridad vinculada a menores. Según las estadísticas de la Procuración General y la Corte Suprema, los delitos cometidos por menores de 18 años representan apenas el 1% de la población delictiva total en Argentina. Más aún, los menores de 16 años involucrados en delitos graves apenas alcanzan el 0.45%.
Rotman cuestionó si realmente el 0.45% de la población es el núcleo del problema de seguridad nacional. «En la provincia de Buenos Aires, con 4 millones de menores, solo 71 estaban detenidos por delitos graves como homicidio o abuso», detalló. Estas cifras sugieren que la baja de la edad de imputabilidad en el régimen penal juvenil responde más a una construcción de opinión pública que a una necesidad fáctica de combatir el crimen organizado o los delitos violentos.
El retiro del Estado y la falta de políticas públicas
El investigador vinculó la aprobación de esta ley con el contexto socioeconómico actual, donde se observa un desfinanciamiento sistemático de la salud y la educación. En FM Ciudad, Rotman fue contundente: «En un contexto donde el Estado se deslinda de garantizar derechos, la única solución que pone es meter a los pibes en cana». Mencionó la crisis de insumos en el Hospital Garrahan y los problemas edilicios en escuelas locales de Río Gallegos como ejemplos de este retroceso.
La falta de clubes de barrio, la precarización de las escuelas técnicas y la crisis universitaria generan un «caldo de cultivo» donde la calle se vuelve la única opción para muchos jóvenes. La política pública actual, tanto a nivel nacional como provincial, parece estar invirtiendo la lógica necesaria: se incrementa lo punitivo mientras se reduce lo preventivo y lo recreativo, dejando a los jóvenes vulnerables ante redes delictivas o situaciones de abandono.
La realidad local: Santa Cruz y sus dispositivos juveniles
Al aterrizar el debate en la provincia, Rotman reveló datos sorprendentes sobre la situación en Río Gallegos. Al momento de la entrevista, el dispositivo juvenil de la calle Córdoba no contaba con menores albergados. Esto demuestra que la escala del problema en Santa Cruz es mínima comparada con otras jurisdicciones, lo que vuelve aún más innecesaria la aplicación de un régimen de castigo endurecido para la región.
Relató el caso de «Fisu», un joven de 17 años que prefería estar detenido en el centro socioeducativo antes que en su casa, porque en el encierro tenía comida asegurada y no sufría maltratos físicos. Este testimonio pone de relieve que para ciertos sectores de la juventud, el sistema penal termina siendo el único refugio frente a una realidad exterior devastadora. Según Rotman, esto no es responsabilidad del joven, sino de un sistema que no pudo ofrecerle alternativas dignas de vida.
Convención de los Derechos del Niño y legalidad
Un aspecto técnico fundamental discutido en FM Ciudad fue la posible inconstitucionalidad de la nueva ley. El artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional otorga jerarquía constitucional a tratados internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño. Al bajar la edad de imputabilidad, Argentina podría estar incumpliendo compromisos internacionales y exponiéndose a sanciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como ya ocurrió en el pasado con el denominado «Caso Mendoza».
El especialista instó a los profesionales del derecho a analizar si el nuevo régimen penal juvenil respeta el principio de progresividad de los derechos humanos. Rotman advirtió que endurecer las penas para adolescentes no ha dado resultados positivos en ningún país de la región que haya implementado medidas similares sin un fuerte componente socioeducativo y de acompañamiento integral.
Preguntas frecuentes sobre el nuevo régimen
¿Qué implica bajar la edad de imputabilidad a los 14 años?
Implica que adolescentes desde los 14 años podrán ser sometidos a procesos penales y recibir condenas de encierro. Expertos advierten que esto no reduce la delincuencia, ya que el porcentaje de delitos cometidos por esta franja etaria es ínfimo respecto al total nacional.
¿Cómo afecta esta ley a las familias en Santa Cruz?
La nueva normativa establece que las familias deben hacerse cargo de las reparaciones económicas o comunitarias por los actos de los menores. Sin embargo, en contextos de vulnerabilidad, esto suele profundizar la crisis del núcleo familiar sin resolver la raíz del conflicto.
¿Cuál es la postura de la UNPA frente a este régimen penal juvenil?
Desde la Dirección de Educación en Contexto de Encierro, se sostiene que la solución no es punitiva sino educativa y social. Se requiere un Estado presente que garantice el acceso a la universidad, el deporte y la salud como herramientas de verdadera transformación social.
Para concluir, es imperativo que la sociedad reflexione sobre qué tipo de futuro se está construyendo cuando la respuesta al fracaso social es el encierro temprano. El debate sobre el régimen penal juvenil debe ser interdisciplinario y alejado de los eslóganes electorales, priorizando siempre la protección integral de la infancia y la adolescencia como base de una comunidad más segura y justa en Santa Cruz.
