Taxis en crisis: piden bajar impuestos ante el avance de Uber
Taxis en crisis en Río Gallegos: El sector pide reducción de impuestos ante el avance de las aplicaciones
En una reciente emisión de FM Ciudad, el delegado de la Federación de Conductores de Taxi en Santa Cruz, Juan Ojeda, expuso la delicada situación que atraviesa el transporte de pasajeros en la capital provincial. Durante la charla, Ojeda analizó el impacto del aumento de los combustibles, el deterioro de las calles y la creciente competencia de plataformas digitales que operan sin las mismas regulaciones que el sector oficial. Según el referente, el sector se encuentra en un punto de asfixia económica que requiere una intervención inmediata del Ejecutivo municipal para evitar el colapso del servicio tradicional.
La entrevista en FM Ciudad permitió visibilizar una realidad que afecta a cientos de familias trabajadoras en Río Gallegos. La combinación de una inflación galopante, el encarecimiento de los repuestos y la falta de subsidios específicos para el sector ha llevado a los taxistas a una postura defensiva. A diferencia de otros rubros, los conductores de taxi han decidido no solicitar aumentos en la bajada de bandera ni en la ficha, entendiendo que un incremento tarifario en este contexto solo los alejaría más de los usuarios, quienes ya optan por alternativas más económicas, aunque estas no siempre cuenten con las garantías de seguridad necesarias.
Tabla de contenidos
- Competencia desleal y el desembarco de nuevas aplicaciones
- El pedido urgente: Reducción de carga impositiva y flexibilización
- Calles dinamitadas y el costo del mantenimiento vehicular
- La Ley Provincial de Transporte y la falta de controles
- Sin subsidios y con la tarifa congelada por necesidad
- Preguntas frecuentes sobre el servicio de taxis
Competencia desleal y el desembarco de nuevas aplicaciones
Uno de los temas centrales abordados en FM Ciudad fue la presión que ejercen las aplicaciones de transporte. Ojeda señaló que la llegada de nuevas plataformas la próxima semana agrava un escenario ya complejo. «Un aumento de tarifa hoy sería pegarnos un tiro en la cabeza», sentenció el delegado, explicando que con el boleto de colectivo en niveles elevados y los taxis manteniendo una bajada de bandera competitiva, la única forma de sobrevivir es evitar nuevos incrementos que espanten al pasajero.
El referente gremial destacó que mientras el taxi debe cumplir con una serie de requisitos estrictos —como la Revisión Técnica Obligatoria (RTO), seguros específicos, desinfecciones y antecedentes penales nacionales—, los conductores de aplicaciones operan en una zona gris. Esta disparidad de condiciones es lo que Ojeda define como «competencia desleal», ya que el taxista profesional carga con costos operativos y tributarios que el transporte informal ignora, permitiéndoles ofrecer precios menores a costa de la legalidad.
El pedido urgente: Reducción de carga impositiva y flexibilización
Ante la imposibilidad de aumentar los ingresos vía tarifa, la estrategia de la Federación de Conductores de Taxi se centra en reducir los egresos. En este sentido, han solicitado una reunión con el Ejecutivo municipal para tratar una baja en los impuestos locales. Ojeda subrayó que no piden dejar de pagar, sino una «oxigenación» que les permita seguir operando. Entre los puntos solicitados figura la exención de la inspección administrativa anual, que representa un gasto burocrático significativo en un momento de nula rentabilidad.
Además, se propone una reforma en la ordenanza vigente respecto a la estética de los vehículos. Actualmente, la normativa exige el pintado o ploteo amarillo y negro, lo cual tiene un costo que oscila entre los 200 y 300 mil pesos. «Queremos que el color sea optativo; que un auto blanco pueda trabajar solo con el cartel si el dueño no tiene para pintarlo», explicó Ojeda en FM Ciudad. Esta medida permitiría a los trabajadores renovar sus unidades sin incurrir en deudas impagables por cuestiones meramente cosméticas que no afectan la calidad del servicio.
Calles dinamitadas y el costo del mantenimiento vehicular
El estado de la infraestructura vial en Río Gallegos es otro factor que erosiona los ingresos de los taxistas. Ojeda describió las calles como si hubieran sido «dinamitadas», especialmente en sectores alejados del centro como el barrio 240 Viviendas. El constante tránsito por arterias deterioradas acelera el desgaste del tren delantero, amortiguadores y cubiertas, elevando la frecuencia de las reparaciones mecánicas.
A este problema se suma la dificultad para conseguir repuestos de calidad. El mercado local se ha volcado hacia productos de origen chino o paraguayo que, aunque más económicos, tienen una vida útil mucho menor. «Todo es plata, y hoy un taxista apenas se lleva 15 mil pesos libres por día para comer y mantener a su familia», detalló el delegado. La falta de mantenimiento urbano por parte del municipio termina siendo un impuesto indirecto que el conductor debe pagar en el taller mecánico.
La Ley Provincial de Transporte y la falta de controles
Durante la charla en FM Ciudad, se recordó la existencia de una ley provincial sancionada en 2018 que regula el uso de aplicaciones de transporte en Santa Cruz. Juan Ojeda, quien participó activamente en la redacción de aquel proyecto junto a legisladores provinciales, lamentó que la norma no se aplique efectivamente. Según la ley, las aplicaciones solo podrían ser utilizadas por servicios habilitados (taxis y remises), pero en la práctica, miles de vehículos particulares operan de forma clandestina sin intervención de las autoridades.
El riesgo para el pasajero es otra preocupación latente. Ojeda advirtió sobre la «letra chica» de las aplicaciones internacionales ante accidentes. Mientras que un taxi habilitado cuenta con seguros para terceros transportados y conductores profesionales con carnet sanitario y psicofísico, el transporte informal no ofrece garantías ante siniestros graves. «El político no se quiere poner en contra de la gente porque no hay laburo, pero el costo de esa omisión es la seguridad del vecino», afirmó.
Sin subsidios y con la tarifa congelada por necesidad
A diferencia de otros servicios de transporte público, como el colectivo, el taxi en Argentina no cuenta con subsidios estatales de ningún tipo. Ojeda remarcó que nunca han recibido asistencia para el combustible ni beneficios fiscales por ser un servicio esencial. Esta soledad financiera obliga al sector a depender exclusivamente de lo que se recauda en la calle, en un contexto donde el poder adquisitivo de los ciudadanos de Río Gallegos ha caído drásticamente.
El compromiso del sector es mantener el servicio a pesar de las adversidades. La intención de los trabajadores es lograr que los beneficios otorgados «de palabra» por las gestiones de turno, como la extensión de la antigüedad de las unidades a 11 años, queden plasmados por escrito en ordenanzas municipales. Esto brindaría previsibilidad ante los cambios de color político en el gobierno y aseguraría que los derechos ganados no se pierdan con el recambio de funcionarios.
Preguntas frecuentes sobre el servicio de taxis
¿Habrá aumentos en la bajada de bandera en los próximos meses?
No, los referentes del sector han confirmado que no solicitarán aumentos tarifarios por el momento. El objetivo es mantenerse competitivos frente a las aplicaciones de transporte y no sobrecargar el bolsillo de los usuarios locales.
¿Qué requisitos debe cumplir un taxi para circular legalmente en Río Gallegos?
Un taxi debe contar con RTO nacional, seguro para pasajeros, libreta sanitaria, certificado de antecedentes penales del chofer, desinfección mensual y cumplir con la antigüedad vehicular permitida por la ordenanza municipal.
¿Por qué los taxistas piden cambiar la ordenanza sobre el color de los autos?
Debido al alto costo del ploteo y la pintura (más de 200 mil pesos), los conductores solicitan que el color amarillo y negro sea optativo para facilitar la renovación de unidades y reducir gastos operativos innecesarios.
El panorama para el transporte en nuestra ciudad sigue siendo incierto. La resolución de este conflicto dependerá de la capacidad de diálogo entre el sindicato y el municipio para encontrar un equilibrio que proteja la fuente laboral de cientos de trabajadores sin descuidar la seguridad de quienes eligen viajar en el servicio de transporte oficial.
